{"id":6169,"date":"2026-06-02T17:00:42","date_gmt":"2026-06-02T20:00:42","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiascpb.com.ar\/?p=6169"},"modified":"2026-06-02T17:00:42","modified_gmt":"2026-06-02T20:00:42","slug":"a-un-ano-del-dnu-366-2025-una-reforma-migratoria-que-no-ordena-sino-que-profundiza-el-problema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiascpb.com.ar\/?p=6169","title":{"rendered":"A un a\u00f1o del DNU 366\/2025: una reforma migratoria que no ordena, sino que profundiza el problema"},"content":{"rendered":"\n

Hace un a\u00f1o, el Gobierno Nacional anunciaba con gran despliegue medi\u00e1tico una profunda reforma migratoria a trav\u00e9s del DNU 366\/2025. La medida fue presentada como una respuesta urgente para \u201cordenar\u201d el sistema migratorio argentino, reducir supuestos abusos sobre los servicios p\u00fablicos y fortalecer los controles del Estado. Sin embargo, doce meses despu\u00e9s, los datos muestran una realidad muy distinta: no solo no exist\u00eda una necesidad ni una urgencia comprobada para justificar un Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que adem\u00e1s las modificaciones introducidas est\u00e1n generando m\u00e1s irregularidad, m\u00e1s exclusi\u00f3n y mayores dificultades para los gobiernos locales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La primera pregunta que debemos hacernos es sencilla: \u00bfqu\u00e9 problema vino a resolver esta reforma? <\/em><\/strong>El argumento oficial se apoy\u00f3 en la idea de una migraci\u00f3n descontrolada, asociada a un supuesto colapso de servicios p\u00fablicos, inseguridad y abuso de recursos estatales. Pero la evidencia disponible no acompa\u00f1a esa narrativa.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Censo Nacional 2022, las personas migrantes representan apenas el 4,2% de la poblaci\u00f3n argentina, exactamente el mismo porcentaje registrado en 2001. No hubo una explosi\u00f3n migratoria ni un fen\u00f3meno excepcional que justificara un esquema de emergencia. Tampoco existen datos que demuestren un uso desproporcionado de los servicios p\u00fablicos: en la provincia de Buenos Aires, las personas no residentes representan apenas el 0,2% de las consultas de salud y el 0,8% de las internaciones. En el sistema penitenciario, la poblaci\u00f3n extranjera ronda el 5%, una proporci\u00f3n similar, e incluso menor, a su representaci\u00f3n poblacional.<\/p>\n\n\n\n

El migrante aparece nuevamente como un chivo expiatorio de una crisis que no gener\u00f3. Frente al deterioro econ\u00f3mico, al debilitamiento del sistema de salud, la crisis educativa o la precarizaci\u00f3n de servicios esenciales, es m\u00e1s sencillo se\u00f1alar al extranjero que asumir la discusi\u00f3n de fondo sobre el desfinanciamiento estatal. Se instala entonces una narrativa peligrosa: que los hospitales est\u00e1n colapsados por personas migrantes, que las escuelas est\u00e1n saturadas por extranjeros o que los recursos p\u00fablicos no alcanzan por quienes vienen de otros pa\u00edses. Sin embargo, los datos no respaldan esa idea. El problema no es qui\u00e9n usa los servicios, sino qu\u00e9 Estado se est\u00e1 construyendo y cu\u00e1nto se decide invertir para sostenerlos. Porque cuando un hospital tiene menos m\u00e9dicos, cuando una escuela se deteriora o cuando un municipio debe enfrentar en soledad mayores demandas sociales, la explicaci\u00f3n no puede reducirse a culpar al m\u00e1s vulnerable. Ninguna crisis estructural de Argentina fue causada por las personas migrantes. Por el contrario, miles de ellas trabajan, pagan impuestos, sostienen sectores enteros de la econom\u00eda popular y comunitaria, y forman parte activa de nuestras ciudades.<\/p>\n\n\n\n

Convertir a los migrantes en enemigos p\u00fablicos puede ser pol\u00edticamente rentable para algunos discursos, pero no resuelve ninguno de los problemas reales de la sociedad argentina.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s problem\u00e1ticos de la reforma fue el endurecimiento de los requisitos para acceder a la residencia permanente. Hoy, miles de personas migrantes deben demostrar una supuesta \u201csolvencia econ\u00f3mica\u201d mediante exigencias extremadamente dif\u00edciles de cumplir. Se exige estabilidad laboral formal en un pa\u00eds donde gran parte de la poblaci\u00f3n trabaja en la informalidad. Seg\u00fan un informe del \u00c1rea de Empleo, Distribuci\u00f3n e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires, aproximadamente el 43% de la fuerza laboral argentina se encuentra en condiciones de informalidad. En otras palabras, cuatro de cada diez trabajadores est\u00e1n fuera del sistema formal. Esta realidad impacta a\u00fan m\u00e1s sobre las comunidades migrantes, hist\u00f3ricamente insertas en sectores laborales precarizados e informales, como el trabajo textil, de cuidados, construcci\u00f3n, gastronom\u00eda o comercio popular. Exigir condiciones de formalidad imposibles de alcanzar no genera integraci\u00f3n: genera expulsi\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n

Los n\u00fameros empiezan a reflejar este fen\u00f3meno. Mientras entre 2021 y 2024 las residencias permanentes aprobadas rondaban un promedio anual cercano a las 90 mil, en 2025 ese n\u00famero cay\u00f3 abruptamente a aproximadamente 40 mil. No porque haya menos personas viviendo, trabajando o construyendo proyectos de vida en Argentina, sino porque el Estado elev\u00f3 las barreras para regularizarse.<\/p>\n\n\n\n

La consecuencia m\u00e1s grave es que miles de personas que ya resid\u00edan regularmente en el pa\u00eds, muchas con DNI temporario, trabajo, hijos escolarizados y arraigo territorial, fueron empujadas a la irregularidad migratoria. Personas que estaban dentro del sistema quedaron afuera por no poder cumplir con requisitos cada vez m\u00e1s restrictivos, y ac\u00e1 aparece un problema del que poco se habla: lejos de generar orden, esta reforma est\u00e1 trasladando m\u00e1s presi\u00f3n a los gobiernos locales. Porque cuando el Estado nacional dificulta la regularizaci\u00f3n documental, las consecuencias no desaparecen: se territorializan<\/strong>. Son los municipios quienes deben dar respuestas frente a situaciones de vulnerabilidad, acceso a derechos, violencia institucional, ni\u00f1ez, salud comunitaria, integraci\u00f3n y conflictos derivados de la exclusi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Quienes trabajamos cerca de las comunidades migrantes sabemos que una persona con documentaci\u00f3n, acceso a derechos y estabilidad administrativa tiene m\u00e1s herramientas para integrarse, trabajar formalmente y proyectar una vida comunitaria. En cambio, la irregularidad empuja hacia la precarizaci\u00f3n, el miedo y el aislamiento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A este escenario se suma un elemento especialmente preocupante: el cambio de paradigma en los mecanismos de control migratorio. En distintos puntos del pa\u00eds comenzaron a registrarse operativos y controles donde personas migrantes son requeridas para exhibir documentaci\u00f3n en estaciones de tren, lugares de trabajo e incluso domicilios particulares. Lo que empieza a observarse se asemeja cada vez m\u00e1s a experiencias impulsadas en Estados Unidos, particularmente al modelo de endurecimiento migratorio asociado al accionar de la agencia de control migratorio estadounidense, el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE). Se trata de una l\u00f3gica centrada en la persecuci\u00f3n, el temor y la criminalizaci\u00f3n administrativa de las personas migrantes, donde el control territorial reemplaza progresivamente a las pol\u00edticas de integraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Argentina desde 2003 tuvo una pol\u00edtica migratoria basada en otro paradigma: el de la integraci\u00f3n regional, la regularizaci\u00f3n documental y la ampliaci\u00f3n de derechos. Argentina supo construir durante d\u00e9cadas un modelo migratorio reconocido internacionalmente. La Ley 25.871, sancionada en 2003 por el presidente Nestor Kirchner, entendi\u00f3 algo fundamental: migrar es un derecho humano, no un delito ni una amenaza. Copiar modelos dise\u00f1ados para realidades sociales, econ\u00f3micas y demogr\u00e1ficas completamente distintas no solo resulta ineficaz: tambi\u00e9n erosiona consensos democr\u00e1ticos construidos durante d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n

A un a\u00f1o del DNU 366\/2025, el balance es preocupante. No hubo m\u00e1s orden, ni mayor eficiencia estatal. Lo que s\u00ed hubo fue m\u00e1s burocracia, menos regularizaci\u00f3n, m\u00e1s exclusi\u00f3n y una creciente dificultad para que miles de personas puedan construir un proyecto de vida en regla.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Porque ninguna sociedad mejora aumentando la injusticia y la desigualdad. La verdadera discusi\u00f3n migratoria no deber\u00eda centrarse en c\u00f3mo excluir m\u00e1s, sino en c\u00f3mo construir un Estado inteligente, presente y capaz de garantizar una migraci\u00f3n segura, ordenada y regular.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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