La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reconocida negacionista de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar en Argentina, fue invitada por el presidente de la institución, Diego Diez, hace poco más de un año al cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano en el marco de la campaña presidencial.
En ese momento, la ya oficializada compañera de fórmula de Javier Milei fue recibida con los brazos abiertos por los bomberos de Solano a pesar de ser una ferviente defensora de los genocidas que participaron en secuestros, torturas, violaciones, el tráfico de niños y niñas, asesinatos, gente arrojada viva desde aviones al mar y al río, y desapariciones forzadas de más de 30 mil personas entre 1976 y 1983.
Un año después de ese hecho, podemos señalar que Quilmes tiene una representación política de la Libertad Avanza (LLA) que cuenta con dos conductores, Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización del gobierno nacional, y la concejala Estefanía Albasetti, quienes son los jefes políticos del grupo de militantes violentos denunciados y reconocidos como responsables directos del ataque a golpes y con gas pimienta que sufrieron los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) durante la asamblea que definía la toma de la casa de altos estudios el pasado lunes 14.
Por este hecho que pone de manifiesto la estrategia violenta con la que actúan los denominados libertarios, la propia Universidad realizó la denuncia correspondiente en la que a través de las distintas imágenes se identifican a los violentos y de los que remarcaron que ni siquiera son parte del alumnado de la UNQ. Entre ellos también está identificado Julián Rodríguez, un militante de LLA que es asiduo concurrente al despacho y a los actos de Albasetti, y aparece en muchas de las fotos que la concejala publica en sus redes sociales. Este sujeto momentos antes del ataque a estudiantes había amenazado mediante un mensaje en redes que decía: “Es ilegal tomar la UNQ. Vamos a atacar”.
Los rostros de muchos de los que aparecieron filmados durante el violento y cobarde ataque en la UNQ se pueden ver en gran cantidad de fotos y posteos que realiza la concejala Albasetti en sus redes sociales, difundiendo sus actos de gestión, lo que también demuestra la estrecha relación de la dirigente mileísta con los agresores, a lo que se suma además, que normalmente, los mensajes que redacta están plagados de palabras violentas y descalificadoras, propias de su estilo de conducción.
Parte del armado del equipo político de Albasetti tiene vínculos fluidos con el titular de Bomberos de Solano, Diego Diez, que el pasado domingo en el acto por el aniversario de la entidad, que coincide con el de la localidad quilmeña, invitó personalmente a Marcos Urquiza y Federico Rodríguez, que son miembro de la Juventud LLA y que en sus bios de redes se describen como representantes y coordinadores de LLA en Solano y Quilmes. Ambos, por invitación expresa de Diez, estuvieron en el festejo en el cuartel, donde se los vio charlando amablemente con la esposa de Diez, y también cerca del palco durante el desfile.
Este no es un dato menor. Días antes que los libertarios actuaran de manera violenta en la asamblea democrática de la UNQ, durante toda la jornada del sábado estuvieron a metros de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y con una actitud violenta y provocadora.
Ambos, forman parte del espacio que conducen Sotelo y Albasetti, los responsables políticos de estos personajes siniestros que agredieron a los alumnos de la UNQ. De víctimas, como dijo Clarín, no tienen nada.
La escalada de violencia en el país y en Quilmes no tiene límites. Lo vivimos esta semana en la UNQ pero también cuando Mayra Mendoza fue amenazada en su propia casa donde le dejaron un mensaje mafioso: una bala.
Desde que intentaron matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufrió un ataque con arma de fuego en la puerta de su hogar, hecho que todavía no fue esclarecido por la Justicia, podemos asegurar que el pacto democrático se rompió.
Es obligación y responsabilidad de todas las fuerzas políticas recuperar un camino de diálogo y respeto mutuo, principalmente es el deber que tiene el gobierno nacional, que hace de la violencia simbólica y física su principal arma de disciplinamiento social.
