Por Ideal Quilmes
La gestión de Javier Milei en PAMI anunció que se elimina el “VADEMECUM DE MEDICAMENTOS ESENCIALES”, creado durante la gestión anterior encabezada por Luana Volnovich, gracias al cual los afiliados de menores ingresos podían acceder de manera gratuita y rápida a la medicación que cubre las patologías más frecuentes en el sector más envejecido de la población.
Recordemos que para los jubilados y jubiladas el gasto en medicamentos representa el 20% del gasto total de su hogar, ya que las personas mayores hacen un uso 5 veces mayor del sistema de salud que aquellos segmentos más jóvenes. O sea que podemos afirmar que este recorte del gobierno de Milei implica una reducción del 20% de los ingresos en el bolsillo de los jubilados.
A partir de ahora, los afiliados que necesiten la cobertura gratuita deberán acreditar razones que lo justifiquen a través de una evaluación social. Es decir, tendrán que hacer trámites presenciales, que tardan tiempo, y ser evaluados por alguien que decidirá si pueden tener su medicación de manera gratuita después de toda una vida de trabajo. Este formato rompe con la universalidad del acceso a la medicación, ya que todo se somete a cumplir pruebas y requisitos que demoran y que pueden ser rechazados sin mayores justificativos que el criterio de quién los atendió.
Con estos anuncios no accederán a la medicación gratuita aquellos jubilados/as que cobren más de $389.000, tengan un vehículo a su nombre con menos de 10 años de antigüedad o tengan contratada medicina prepaga, algo que muchos jubilados con ayuda de sus familias hacen para poder tener servicios de urgencias y emergencias más veloces que el sistema de ambulancias del PAMI.
De esta manera, se pone fin a una política que garantizó el derecho a la salud a 4.2 millones de personas mayores, y que era ejemplar a nivel mundial, para volver a que la obra social de los jubilados funcione bajo los mismos criterios de política focalizada como lo hacía bajo la gestión de Mauricio Macri, cuando las personas mayores tenían que partir las pastillas de los medicamentos para hacerlos rendir más, con la gravedad que eso conlleva para la salud.
Es necesario recalcar que los medicamentos gratis no incidían en el déficit fiscal como dice el gobierno libertario cuando habla de “descontrol”. La política estaba diseñada para ser sustentable, ya que la principal fuente de financiamiento era el impuesto país, dado de baja por Javier Milei. Este impuesto se aplicaba a la compra de moneda extranjera y gastos elevados. Operaba así un criterio solidario característico del subsistema de salud de las obras sociales gremiales de nuestro país, en las cuales quienes están en mejores condiciones socioeconómicas financian las necesidades de salud de aquellos que más lo necesitan. Este enfoque basado en la justicia social está siendo desfinanciado por Milei, en beneficio de un enfoque de falsa libertad donde cada quien contrata en el mercado, según pueda, la empresa de salud que le venda servicios. Esto que a priori parece una idea simpática para muchos argentinos, esconde un gran problema: las empresas de salud sólo venden servicios accesibles a personas sanas, que utilicen poco los servicios, y los jubilados/as no pertenecen a este grupo.
En este sentido, y contrariamente a la idea de ineficiencia estatal pretenden instalar los libertarios, la política de medicamentos sin cargo mostraba la enorme capacidad que tiene un organismo como el PAMI para poder acordar precios especiales con los laboratorios, ya que es el mayor financiador del sector privado de salud del país, en contraposición a la liberalización actual del sector que hizo que los precios de los remedios se disparen en muchos casos por encima del índice de inflación, alcanzando el 300% anual según un informe del CEPA de octubre de este año.
En síntesis, al no haber motivos presupuestarios para este recorte, ya que la política de medicación sin cargo se autofinanciaba por la vía impositiva, lo que se desprende es que la única razón de la medida es la decisión política de La Libertad Avanza para ajustar en el acceso a la salud de nuestros jubilados/as, lo que sumado a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones en 2024 representan duros golpes a los derechos de las personas mayores de Argentina.
