Hace un año, el Gobierno Nacional anunciaba con gran despliegue mediático una profunda reforma migratoria a través del DNU 366/2025. La medida fue presentada como una respuesta urgente para “ordenar” el sistema migratorio argentino, reducir supuestos abusos sobre los servicios públicos y fortalecer los controles del Estado. Sin embargo, doce meses después, los datos muestran una realidad muy distinta: no solo no existía una necesidad ni una urgencia comprobada para justificar un Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que además las modificaciones introducidas están generando más irregularidad, más exclusión y mayores dificultades para los gobiernos locales.
La primera pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿qué problema vino a resolver esta reforma? El argumento oficial se apoyó en la idea de una migración descontrolada, asociada a un supuesto colapso de servicios públicos, inseguridad y abuso de recursos estatales. Pero la evidencia disponible no acompaña esa narrativa.
Según el Censo Nacional 2022, las personas migrantes representan apenas el 4,2% de la población argentina, exactamente el mismo porcentaje registrado en 2001. No hubo una explosión migratoria ni un fenómeno excepcional que justificara un esquema de emergencia. Tampoco existen datos que demuestren un uso desproporcionado de los servicios públicos: en la provincia de Buenos Aires, las personas no residentes representan apenas el 0,2% de las consultas de salud y el 0,8% de las internaciones. En el sistema penitenciario, la población extranjera ronda el 5%, una proporción similar, e incluso menor, a su representación poblacional.
El migrante aparece nuevamente como un chivo expiatorio de una crisis que no generó. Frente al deterioro económico, al debilitamiento del sistema de salud, la crisis educativa o la precarización de servicios esenciales, es más sencillo señalar al extranjero que asumir la discusión de fondo sobre el desfinanciamiento estatal. Se instala entonces una narrativa peligrosa: que los hospitales están colapsados por personas migrantes, que las escuelas están saturadas por extranjeros o que los recursos públicos no alcanzan por quienes vienen de otros países. Sin embargo, los datos no respaldan esa idea. El problema no es quién usa los servicios, sino qué Estado se está construyendo y cuánto se decide invertir para sostenerlos. Porque cuando un hospital tiene menos médicos, cuando una escuela se deteriora o cuando un municipio debe enfrentar en soledad mayores demandas sociales, la explicación no puede reducirse a culpar al más vulnerable. Ninguna crisis estructural de Argentina fue causada por las personas migrantes. Por el contrario, miles de ellas trabajan, pagan impuestos, sostienen sectores enteros de la economía popular y comunitaria, y forman parte activa de nuestras ciudades.
Convertir a los migrantes en enemigos públicos puede ser políticamente rentable para algunos discursos, pero no resuelve ninguno de los problemas reales de la sociedad argentina.
Uno de los aspectos más problemáticos de la reforma fue el endurecimiento de los requisitos para acceder a la residencia permanente. Hoy, miles de personas migrantes deben demostrar una supuesta “solvencia económica” mediante exigencias extremadamente difíciles de cumplir. Se exige estabilidad laboral formal en un país donde gran parte de la población trabaja en la informalidad. Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires, aproximadamente el 43% de la fuerza laboral argentina se encuentra en condiciones de informalidad. En otras palabras, cuatro de cada diez trabajadores están fuera del sistema formal. Esta realidad impacta aún más sobre las comunidades migrantes, históricamente insertas en sectores laborales precarizados e informales, como el trabajo textil, de cuidados, construcción, gastronomía o comercio popular. Exigir condiciones de formalidad imposibles de alcanzar no genera integración: genera expulsión administrativa.
Los números empiezan a reflejar este fenómeno. Mientras entre 2021 y 2024 las residencias permanentes aprobadas rondaban un promedio anual cercano a las 90 mil, en 2025 ese número cayó abruptamente a aproximadamente 40 mil. No porque haya menos personas viviendo, trabajando o construyendo proyectos de vida en Argentina, sino porque el Estado elevó las barreras para regularizarse.
La consecuencia más grave es que miles de personas que ya residían regularmente en el país, muchas con DNI temporario, trabajo, hijos escolarizados y arraigo territorial, fueron empujadas a la irregularidad migratoria. Personas que estaban dentro del sistema quedaron afuera por no poder cumplir con requisitos cada vez más restrictivos, y acá aparece un problema del que poco se habla: lejos de generar orden, esta reforma está trasladando más presión a los gobiernos locales. Porque cuando el Estado nacional dificulta la regularización documental, las consecuencias no desaparecen: se territorializan. Son los municipios quienes deben dar respuestas frente a situaciones de vulnerabilidad, acceso a derechos, violencia institucional, niñez, salud comunitaria, integración y conflictos derivados de la exclusión social.
Quienes trabajamos cerca de las comunidades migrantes sabemos que una persona con documentación, acceso a derechos y estabilidad administrativa tiene más herramientas para integrarse, trabajar formalmente y proyectar una vida comunitaria. En cambio, la irregularidad empuja hacia la precarización, el miedo y el aislamiento.
A este escenario se suma un elemento especialmente preocupante: el cambio de paradigma en los mecanismos de control migratorio. En distintos puntos del país comenzaron a registrarse operativos y controles donde personas migrantes son requeridas para exhibir documentación en estaciones de tren, lugares de trabajo e incluso domicilios particulares. Lo que empieza a observarse se asemeja cada vez más a experiencias impulsadas en Estados Unidos, particularmente al modelo de endurecimiento migratorio asociado al accionar de la agencia de control migratorio estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se trata de una lógica centrada en la persecución, el temor y la criminalización administrativa de las personas migrantes, donde el control territorial reemplaza progresivamente a las políticas de integración.
Argentina desde 2003 tuvo una política migratoria basada en otro paradigma: el de la integración regional, la regularización documental y la ampliación de derechos. Argentina supo construir durante décadas un modelo migratorio reconocido internacionalmente. La Ley 25.871, sancionada en 2003 por el presidente Nestor Kirchner, entendió algo fundamental: migrar es un derecho humano, no un delito ni una amenaza. Copiar modelos diseñados para realidades sociales, económicas y demográficas completamente distintas no solo resulta ineficaz: también erosiona consensos democráticos construidos durante décadas.
A un año del DNU 366/2025, el balance es preocupante. No hubo más orden, ni mayor eficiencia estatal. Lo que sí hubo fue más burocracia, menos regularización, más exclusión y una creciente dificultad para que miles de personas puedan construir un proyecto de vida en regla.
Porque ninguna sociedad mejora aumentando la injusticia y la desigualdad. La verdadera discusión migratoria no debería centrarse en cómo excluir más, sino en cómo construir un Estado inteligente, presente y capaz de garantizar una migración segura, ordenada y regular.
