Hoy hace 5 días se votó la Ley Bases en el Senado de la Nación. Y hace 5 días en la República Argentina hay 16 ciudadanos detenidos acusados de haberse “alzado contra el orden constitucional”.
Ese miércoles 12 de junio fueron 33 lxs detenidxs, 17 han sido excarcelados bajo la orden de la jueza María Servini. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli pidió que 14 de ellxs vuelvan a ser detenidxs alegando 12 calificaciones, entre ellas “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. ¿El detalle? LN+ difundió la noticia antes que lo sepa la defensa.
Lo que sabemos de todas ellas y ellos es que el único punto en común es haber estado en la Plaza del Congreso, o en las inmediaciones. Algunos de ellos, ni siquiera eran parte de la movilización expectante por la votación de la Ley. Pero esto, paradójicamente, no es casual. Las detenciones arbitrarias, “al voleo”, esconden un mensaje: que esto le puede pasar a cualquiera. Y si le puede pasar a cualquiera, ¿seguiríamos animándonos a manifestarnos pacíficamente en contra de lo que consideramos perjudicial para nuestro país y el conjunto de los argentinos y argentinas? Algunos dirán que sí pero otros, muchos otros y otras, sentirán ese mensaje calando hondo. Miedo, desorganización y desmovilización para la venta de la Patria.
Pero además de la dimensión simbólica de este operativo de seguridad, hay otra que es la del Análisis de Política Criminal. Empezando por su finalidad, la Política Criminal se encarga de la gestión de conflictos. Es decir, debe procurar la reducción de la violencia social y paradójicamente, en casos muy específicos y como último recurso, puede recurrir a la violencia estatal para tal fin. Dentro del campo de la política criminal esto se llama “absorción y reconversión de la violencia social” y su precepto rector está dado por la siguiente cuenta: que la violencia social resulte menor luego de las acciones ejercidas por el Estado.
En este sentido, lo que se ha visto alrededor de la votación de la Ley Bases es que quienes se jactan de la eficiencia en la administración del Estado, montaron un operativo que lejos de cumplir con su finalidad, inyectó una violencia descomunal en una movilización que no sólo no contenía tintes violentos sino que además y puntualmente, cada unx de lxs detenidxs no ejercieron ninguna acción violenta, mucho menos terrorista.
Podrán decir que la característica que define al Estado como tal es justamente, el “monopolio de la violencia”. Esto es, que es el único habilitado para hacer uso legítimo de la violencia. Sin embargo, esta concepción es obsoleta. El Estado debe absorber y reconvertir la violencia social, pero jamás, ejercerla cuando no hay una situación inicial que lo amerite. El pueblo expectante por el futuro de la Patria, jamás será campo de acción para la Política Criminal.
Hasta aquí se ha ensayado un Análisis de la Política Criminal ejecutada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. Según lo observado, las acciones que se han indicado a las Fuerzas de Seguridad en nada son tendientes a la reducción de la violencia social, y en nada responden a una administración inteligente, eficiente y eficaz de los recursos humanos y económicos del Estado.
Entonces, hay otra finalidad que persiguió el operativo realizado el miércoles 12 de junio: la imposición de una sociedad de control. Una sociedad diezmada, desarticulada en sus lazos solidarios y disociada de la participación política para decidir el futuro de nuestro país. Y para ello, no se midió ni el déficit fiscal ni el costo del operativo de seguridad.
Casi como una metáfora de esta Argentina circular, ayer se cumplieron 69 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Aquel 16 de junio de 1955, aviones de la Armada Argentina lanzaron entre 9 y 14 toneladas de explosivos sobre las Plazas de Mayo y Colón con un objetivo: matar a Juan Domingo Perón, a su gabinete y a todo aquel ciudadano que intentara proteger a su conductor.
Como diría Néstor Kirchner al asumir la presidencia el 25 de mayo de 2003, memoria sin rencor es aprendizaje político. Por eso no nos han vencido. Y por eso, transitando nuestro cuadrigésimo primer año de democracia ininterrumpida, podemos reconocer a tiempo estas estrategias que pretenden enfrentar a argentinos contra argentinos, trabajadores contra trabajadores. A estas estrategias les respondemos con más solidaridad, con más prácticas de cuidado entre ciudadanos y cuidadanas y con más participación política para reducir el margen de error de nuestros representantes.
Paula López
Lic. en Criminalística
