Cada 23 de septiembre, la memoria colectiva nos invita a celebrar un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley 13.010 que reconoció la participación política de las mujeres en la vida pública a partir del derecho a votar y ser votadas.
Sin embargo, la memoria activa de este hecho político hace 77 años nos habilita y moviliza a pensar en contexto que democracia es posible solo con derechos políticos. En un presente neoliberal y hostil para nuestros cuerpos, experiencias y conocimientos, la representación política vacía de un contenido social y político para la transformación de vidas sólo retrocede el acceso a la vida pública de las mujeres y diversidades. El pasado demanda nuevas miradas ante el avance contra los derechos conquistados, pero recuperando el sentido revolucionario que implicó poder votar y la politización masiva de las mujeres, profundizando la necesidad de una democracia con inclusión social, económica, habitacional, cultural, científica. Hoy más que nunca, los derechos que supimos conseguir son destruidos y por lo tanto sus consensos. ¿Qué es una democracia con miseria planificada, con desamparo? En el presente la deuda no solo es económica, es de la democracia.
Situación de las mujeres y diversidades en la Provincia de Buenos Aires – Primer semestre 2024. Registro de femicidios en PBA
A partir de un análisis exhaustivo de diversas fuentes digitales y medios de comunicación, este informe busca arrojar luz sobre el aumento de las diversas dimensiones de las violencias sobre mujeres y diversidades, así como sus implicaciones sociales, económicas y culturales en un contexto de recesión económica, y un gobierno anarco-capitalista que destruye al Estado por dentro y al mismo tiempo produce un aceleramiento del empobrecimiento y del deterioro de los derechos laborales.
Entre el 1 de enero y el 9 de septiembre, ocurrieron en la provincia de Buenos Aires 61 femicidios, el 53,4% hecho en mano de su pareja, el 13,8% por su ex pareja. 67 niñes perdieron a su madre producto de un femicidio. Del total de femicidios, el 45% ocurrió en el domicilio compartido con el femicida y el 41,7% en el hogar de la víctima, sin embargo sólo 15 mujeres habían denunciado anteriormente por violencia de género.
En la Provincia de Buenos Aires hubo un femicidio cada 4 días. Ante estos indicadores la pregunta sobre lo privado y la intimidad nos incomoda, nos interpela y nos moviliza a encontrar lo político en ello. El hogar, aquel espacio cálido se vuelve un foco de peligro para mujeres que dependen económicamente del femicida y/o su trabajo se ve limitado por las tareas de cuidado. El hogar no es un lugar seguro para estar ni para irse.
Según una encuesta regional realizada el 40% de las encuestadas teme las consecuencias y el 25% temor directo a recibir amenazas. El segundo motivo por el que muchas mujeres no denuncian son las responsabilidades de cuidado, 7 de cada 10 consideran que tener personas a cargo es un desafío adicional a la hora de pedir ayuda (no saber con quién dejar los chicos a cargo, pensar que van a estar en peligro, relación que les afecta negativamente). El tercer motivo, la vergüenza con un 34%. Otros motivos son la sensación de que nadie va a poder ayudarlas (30%), ya sea por falta de herramientas o voluntad para ayudarlas, o por temor a que no les crean (28%). 4 de cada 10 tiene temor a hablar por no poder subsistir económicamente.
La configuración de la denuncia como primera salida para las mujeres víctima de violencia de género está atravesada por las tareas de cuidado, la dependencia económica, el juzgamiento, la no imaginación de un horizonte libre de violencia. La mayor vulneración a derechos laborales y seguridad social agrava la dependencia económica.
Si le agregamos trabajos de cuidados no pagos, el acceso a un trabajo formal con protección social, económicos y sanitaria es aún más limitado. El acceso a los dispositivos de ayuda es un acto con diversos matices sociales para su elección, no es solo una acción individual de la víctima. Poder trazar estos territorios de la violencia con todas sus implicaciones que limitan el margen de acción nos permite analizar qué políticas públicas abren el camino a las mujeres y diversidades para proyectarse en una vida digna con sueños y anhelos propios.
¿Es posible pensar un plan de acción contra la violencia de género sin políticas de vivienda, de independencia económica, de igualdad salarial, de trabajos formales, de tareas de cuidado equitativas? En la provincia de Buenos Aires, escindir los femicidios de las condiciones que imposibilitan una salida a la violencia de género, limita la observación, el análisis y la investigación para la erradicación y prevención de la violencia de género. Desde esta conceptualización de los territorios de la violencia es posible hablar de un mosaico de la violencia. Cada pieza social, económica y política juega un rol en la reproducción de violencias simbólicas, físicas, verbales, entre otras.
Cartografiar el desamparo
La violencia de género no empieza ni termina en un territorio. A partir del 10 de diciembre de 2023 se legitimó un discurso y una práctica desde el Gobierno Nacional en que el enemigo y objeto de ajuste son las mujeres y diversidades. Por primera vez en 37 años se disuelve una de las mayores conquistas para atender a las mujeres atravesadas por la violencia: un organismo institucional a cargo de las políticas de género, y de la prevención y sanción de la violencia de género.
Mientras hay una decisión política clara de retirar la asistencia urgente a partir del desmantelamiento de la Línea 144 que atendía el equipo interdisciplinario cada mes 10.400 llamados junto con una reducción de la ejecución del Programa Acompañar del 82% en comparación con el primer semestre de 2023. Traducido en cantidad de personas en situación de violencia, durante el primer semestre de 2023 lo recibían 34.023 y en el primer semestre de 2024 lo recibieron solo 434. El panorama empeora a partir de la reducción de 6 meses a 3 meses y la obligación de realizar la denuncia judicial, ignorando la complejidad de la experiencia y decisiones de una mujer en un ambiente hostil.
¿Cómo para las mujeres es posible salir y construir una vida libre de violencias si su principal ayuda económica para la independencia se ve restringida? Sin contar la creciente variable de desempleo, de informalidad laboral y emergencia alimentaria que acecha nuestros días. En el retiro y “ajuste del déficit” se juega el sostenimiento de la vida para personas en situación de violencia de género y se institucionaliza la desprotección de la vida de cada mujer, es decir, se reduce a su muerte.
No se pueden alcanzar nuevas víctimas en los programas de independencia económica y habitacional. La protección de víctimas de violencia ejecutó solo $530 mil durante 2024. El programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata no tuvo ejecución. La Asistencia para la Refuncionalización de hogares de protección integral, las acciones de Ayuda Urgente para Familiares de Víctimas de Femicidios, Trans y Travesticidios, fueron desmantelados, de su presupuesto no se ejecutó nada. El plan Nacional de Protección social que garantizaba el acceso a condiciones de vida dignas para la comunidad Trans fue vaciado y hoy no reciben ningún apoyo económico para su subsistencia.
La educación derrumbada y las conquistas olvidadas
Plan ENIA: En cinco años, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia ayudó a reducir a la mitad los embarazos adolescentes en Argentina. “Desde 2018 hasta la actualidad, se disminuyó en un 50% lo que son los embarazos no intencionales; teniendo en cuenta que hasta 2017 teníamos datos de que en Argentina eran 109.000 los embarazos no intencionales de mujeres menores de 20 años.
En los últimos datos que nosotros tenemos, del relevamiento de 2022, estos embarazos disminuyeron a 47.000 en mujeres menores de 20 años” En abril pasado, el Ministerio de Salud confirmó la baja de 619 contratos vinculados al Plan ENIA. Lo que implica una reducción del cuidado y protección de niñas y adolescentes enfrentadas a pasar embarazos no deseados y quizás con sus propios abusadores.
PROGRESAR: Dentro de las políticas de ingreso para mujeres y adolescentes que estudian, una con mayor pérdida es el Progresar, el cual su monto está congelado en 20%, lo cual implica que no puedan seguir sus estudios. Con un 250% de inflación la beca debería ser de $67000 y no de $2000. ¿Que pibx puede estudiar con esa plata?, el Progresar ayuda a 1.7000 millones de pibes y pibas a que puedan finalizar sus estudios secundarios y universitarios.
SALAS MATERNALES Y JARDINES: más de 39 jardines parados en la provincia de buenos aires, lo que implica que las madres tengan que quedarse en sus casas cuidando a sus hijos, en vez de estudiar, y quedándose en espacios violentos con sus parejas. Más de 55 niños y niñas se han quedado sin sus madres en este 2024 por razones de dependencia económica y no poder salir de sus espacios de abuso. El presupuesto nacional total sufrió una reducción del 24%. En cuanto a los programas de cuidados, el programa de fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria no ejecutó recursos este año. El programa de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles ejecutó solo $28 millones, un 98% menos que en 2023.
Independencia económica, trabajo, ingresos
Este año transcurrido no solo nos enfrentó a nuevos desafíos y formas de resistencias del colectivo feminista, tanto dentro del territorio como en la institucionalidad que supimos conseguir, sino también fue presenciar el vacío de cada política publica que nos amparaba frente a una violencia que nos acecha. Comprender la integralidad de la violencia de género nos permite retomar el concepto de mosaico de las violencias para pensar cómo interviene cada espacio en su reproducción. Aquella vida deseada, digna de ser vivida y libre de violencias se ve atravesada cada día por la destrucción de pisos mínimos de equidad que sostienen una vida frente a un sistema que nos expulsa de trabajos formales y profesionales, de jubilaciones, de una salud de calidad, de redes de contención y de justicia.
El programa ’Potenciar Trabajo’, del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, experimentó una reducción del 71% en su presupuesto en comparación con 2023. El programa ’Registradas’, diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares, fue eliminado.
“Producir”, la política pública que financiaba proyectos productivos liderados por mujeres y diversidades que sufrieron y sufren violencia de género fue desmantelado. De los 19 Centros Territoriales de Políticas de Género planificados en el presupuesto nacional para la construcción en todo el país, 16 fueron paralizados. Tres de ellos en la Provincia de Buenos Aires, en los distritos de Mercedes, La Plata y Morón. Estos últimos tienen contabilizados femicidios. Cada centro brinda capacitaciones, talleres de oficio, asistencia y contención.
La posibilidad de acceder a una red como los centros territoriales para construir una vida digna para cada mujer se ve lejana y atenta contra el acceso a un acompañamiento integral. La independencia económica necesaria para visibilizar una salida a la violencia de género, proyectar un hogar libre de violencias y con condiciones de trabajo dignas se ve desgastada cada día por decisión política del actual gobierno. Se vuelve urgente la asistencia, y ante el desamparo estatal aparece el mercado para endeudarnos, sobreexplotarnos con tareas de cuidado no pago y volver el sostenimiento del hogar a partir de una dependencia económica a costa de nuestra vida.
En el primer trimestre de 2024 según el INDEC, la tasa de desocupación para las mujeres fue de 8.4%, en comparación con el primer trimestre de 2023 la desocupación femenina aumentó 0.6 p.p, de 7.8% a 8.4%. Si le agregamos la histórica brecha de género, la tasa de desocupación de mujeres varía 1.4 p.p de la tasa de desocupación de varones. En Quilmes, las cooperativas manejadas, sostenidas y organizadas por mujeres con una proyección de inclusión social son actualmente tres, una de ellas debió reducirse a un solo espacio productivo, perdiendo en mayoría su capacidad productiva y sus compañeras buscando otros trabajos -muchas veces informales- para poder vivir.
En las políticas de integración suburbana, La Línea Mi Pieza destinada a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del RENABAP, argentinas o con residencia permanente para mejorar el techo, pared, piso, aberturas, dividir interiores o ampliar la vivienda fue desmantelada.
El FISU, fondo de integración suburbana, solo percibe ahora el 1% del impuesto PAIS. Los Centros de Acceso a la Justicia, con un total de 15 años como una política pública eficaz que permite acercar la justicia a cada barrio, fueron cerrados en total 81 de ellos. Durante 2020 y 2023 alcanzaron a más de 340 mil personas en todo el país, siendo su principal tema de consulta los conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria, con 18.150 consultas, el 73% hecho por mujeres y travesti-trans. La mayor herramienta de asesoramiento legal gratuito en temas de familia, trabajo y documentación hoy se encuentra en peligro y con ella la vida de cada mujer sin la posibilidad de elegir otra atención.
Si el Estado se funde y se pone al servicio del mercado en pos de una cuantificación/economización de nuestras vidas y experiencias, la reducción a la muerte es una práctica política. ¿Cuál ordenamiento fiscal puede ser sostenible si en el camino se ignora la violencia de género que produce muertes cada día? La decisión sobre qué vidas importan está clara, mientras se baja el impuesto a los bienes personales y se mejora el blanqueo para las personas más ricas del país, se elimina cada política pública que garantiza un piso de bienestar.
El acceso a la salud en peligro
Argentina cuenta con un gran cuerpo de leyes que aseguran derechos y son reconocidas internacionalmente, entre ellas está la ley 26.130 que establece que desde los trece años es tu derecho acceder de forma autónoma a todos los métodos anticonceptivos reversibles mientras que a partir de la mayoría de edad podés acceder gratis y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica. La ley 26.150 que asegura el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.
También existe una ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto. Las leyes existen y es responsabilidad pública su concientización y su aplicación efectiva. Es noticia frecuente la escasez de profilácticos y anticonceptivos en salas y hospitales. Esto no solo muestra la falta de interés del estado nacional de asegurar el derecho a una sexualidad segura, sino que también pone en riesgo a mujeres quienes son las que sufren la violencia de no poder llevar un control de natalidad, en el mejor de los casos, obstaculizando la autonomía de una mujer a poder decidir sobre su propio cuerpo, al no brindarle las herramientas de información ni de prevención que son deber estatal garantizar.
Gestión menstrual
Entendiendo que el costo de menstruar (hablando de artículos de higiene personal de forma individual o a costo familiar) tiene un precio cada vez más inaccesible, el municipio de Quilmes esta última gestión estuvo articulando con salud y el programa QUILMESI distintas jornadas de charlas para concientizar sobre gestión menstrual y cuidado ambiental además brindando copitas menstruales para asegurar el derecho de menstruar de forma digna. Pero el estado nacional tomó la decisión de eliminar el ministerio de mujeres, quien se encargaba de financiar la compra de insumos para hacer posibles este tipo de dinámicas.
La acción comunitaria como un movilizador político
En Quilmes en un contexto de pandemia y tratando de asegurar la seguridad alimentaria se articuló un mapa solidario que buscó generar puntos de referencia barriales identificados por la comunidad, en mayoría las referentas de esos puntos son mujeres. Entendiendo que una de las problemáticas con respecto al alcance de políticas públicas donde la capacidad del Estado no es suficiente para llegar a sectores de mayor vulneración con la efectividad necesaria, se pensó en articular con las referentas de estos puntos solidarios ya reconocidos, brindándoles asesoramiento y capacitaciones para que cuando los vecinos acudan a ellas en búsqueda de ayuda haya un puente directo a las políticas públicas que ofrece el estado de la que quizá aquel vecino o vecina no estaba enterado.
En este momento, la entrega de módulos de alimentos que se le entregan a estos merenderos con mujeres a cargo son financiados por la provincia de buenos aires y el municipio cuando antes era financiado por el estado nacional. La importancia de estas redes de solidaridad es esencial y cabe destacar el protagonismo de la mujer en este escenario, son mujeres que ponen a disposición su casa, su tiempo además de dedicación, esfuerzo y sacrificio para sostener un punto de solidaridad al servicio de la comunidad por su propia voluntad. Sin este tipo de redes muchas mujeres no contarían con la contención que puede brindar no solo el relacionarte con tu entorno sino la capacidad resolutiva de estar capacitada para saber a dónde derivar a una vecina en caso de que necesite ayuda.
La territorialización de las políticas de género en Quilmes
Cuando el feminismo se transforma en un movilizador político para la construcción de vidas deseables, cada mujer y diversidad es abrazada y dignificada su vida. En Quilmes, el feminismo no es mero discurso, es parte de una práctica y decisión política que guía la gestión.
La política pública se volvió la herramienta principal para, por un lado, la inserción laboral para mujeres y diversidades, a través de talleres de oficio, entrega de tablets a emprendedoras, la promoción y fortalecimiento de ferias, polos productivos, la efectivización del cupo laboral travesti-trans en la gestión municipal. El abordaje para la igualdad de género involucró un enfoque integral, donde cada sector público es atendido bajo esta perspectiva.
En salud, la infraestructura de cuidado, el reacondicionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud, la apertura de Consultorios Igualitarios, la creación de una red de Promotoras de Salud, nuevas guardias de pediatría, capacitaciones sobre parto respetado, el programa QuilmESI, la entrega de kits de parto a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, asegurando que tengan acceso a los insumos necesarios para el nacimiento y el cuidado inicial del bebe, son parte de una planificación que prioriza el acceso a la salud de calidad con perspectiva de género.
En cuanto a educación, se implementó el programa Transformar, para que personas del colectivo LGBTINB+ puedan terminar sus estudios secundarios asegurándose una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. El programa Multiplicadoras llevó en su paso por cada barrio la atención, contención y sensibilización sobre cuestiones de género, ampliando el alcance a la comunidad. El abrigo y abrazo a mujeres con hijos/as en situación de vulnerabilidad se volvió realidad a partir de la inauguración de la casa de abrigo temporal Taty Almeida en Bernal oeste.
El feminismo como principio y práctica política, construyó un horizonte y un refugio en Quilmes para nuestras vidas, cuerpos y experiencias. Reafirmando las posibilidades que tiene un Estado presente para la asistencia y prevención de las violencias de género junto con un camino digno para una vida libre de violencia. Sin embargo, ante una destrucción nacional de pisos de bienestar y consensos democráticos se vuelve imperativo pensar y realizar dispositivos para una mejor articulación estatal y judicial, una mayor protección a la víctima, acompañamiento a través de salidas laborales, redes de cuidado, y una vivienda digna.
