El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa pública que brinda agua y saneamiento a más de 11 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Pero… ¿sabés qué significa esto para vos como usuario?
La entrega del servicio al sector privado trae riesgos reales: cortes por falta de pago, el prestador privado podrá interrumpir el servicio de agua a usuarios residenciales. Antes solo se permitía cortar el suministro a industrias y comercios. Hoy, el riesgo alcanza a los hogares de familia.
Se espera suba de tarifas
¿Estás listo para pagar mucho más? La privatización implicará aumentos tarifarios progresivos: menos subsidios y más gasto para vos. El operador privado buscará rentabilidad. El Estado ya no cubrirá los costos con fondos públicos.
Menos inversión en barrios vulnerables
La desigualdad también se filtra por las cañerías. Las zonas pobres o alejadas podrían quedar relegadas: no son rentables para el privado. La empresa priorizará zonas de cobro fácil. Los barrios sin red corren el riesgo de seguir esperando.
Pérdida de control estatal sobre un recurso esencial
Con la privatización, el Estado pierde control directo sobre el servicio. Lo manejará una empresa con fines de lucro.
El nuevo marco legal permite condiciones menos protectoras para el usuario y más favorables al prestador.
El agua no puede ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano básico que debe estar garantizado para todos y todas, sin importar tu capacidad de pago ni dónde vivas.
La lógica empresarial pone en jaque el acceso universal al agua y al saneamiento. Cortar por no pagar no respeta los derechos esenciales. El agua no puede ser tratada como un bien más.
Crédito: Ideal Quilmes
