Las universidades nacionales de todo el país anunciaron que recurrirán a la justicia para exigir que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente promulgada pero suspendida en su aplicación por el Poder Ejecutivo.
La medida fue acordada durante una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde rectores y rectoras manifestaron su preocupación ante la falta de transferencia de los fondos establecidos por la norma. Según explicaron, la suspensión “pone en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones” y compromete “el acceso equitativo a la educación superior pública”.
La ley, aprobada por el Congreso y vetada parcialmente por el presidente Milei, había sido restituida tras el rechazo de los vetos en el Senado.
Además, establece un incremento progresivo del presupuesto universitario, destinado principalmente a gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y programas de investigación científica.
“Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. No se puede hablar de austeridad cuando lo que está en juego es el derecho a estudiar y a enseñar”, expresó el titular del CIN, Víctor Moriñigo, al confirmar la presentación judicial.
Mientras tanto, distintos centros de estudiantes y gremios docentes anunciaron movilizaciones en apoyo a las universidades y en reclamo de una urgente actualización presupuestaria que permita garantizar el ciclo lectivo 2025.
El conflicto vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento del sistema universitario público argentino, uno de los pilares de acceso a la educación superior en América Latina.
