Cada 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante nos invita a reflexionar sobre una
realidad estructural de nuestras sociedades: la movilidad humana. En Argentina, esta fecha
adquiere una significación particular. Este diciembre se cumplen 22 años de la sanción de la Ley Nacional de Migraciones (Ley Nº 25.871), una norma que marcó un antes y un después
en la historia migratoria del país al reconocer, por primera vez de manera explícita, que migrar es un derecho humano esencial e inalienable.
La Ley 25.871, impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner, reemplazó una legislación
heredada de la última dictadura cívico-militar y colocó al Estado en un rol claro: garantizar a las personas migrantes el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo, la justicia y la seguridad social, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Durante años, ese enfoque fue reconocido a nivel internacional como un ejemplo de política pública basada en derechos humanos. Sin embargo, a más de dos décadas de su sanción, ese consenso se encuentra seriamente
amenazado.
En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional avanzó en una profunda reforma del régimen
migratorio a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que introduce más de 40
modificaciones a la Ley 25.871.Bajo argumentos de seguridad, orden y ahorro fiscal, el nuevo esquema reinstala una lógica restrictiva: condiciona el acceso a derechos según la situación migratoria, amplía las causales de expulsión y reduce garantías frente a decisiones administrativas.
Entre los cambios más preocupantes se encuentran el acortamiento de los plazos de
residencia precaria, la posibilidad de expulsión por vencimientos administrativos, la prohibición de trabajar sin habilitación específica y el recorte de instancias de defensa. Lejos de ordenar el sistema, estas medidas tienden a generar más irregularidad, precarización y vulnerabilidad.
Lo más llamativo es que estas decisiones no responden a una emergencia real. Los datos
oficiales muestran que la población migrante representa apenas el 4,2 % del total del país, el mismo porcentaje que en el 2001. No hay evidencia de un uso desmedido de los servicios públicos ni de una mayor participación en el delito. Sin embargo, el señalamiento persiste.
En este contexto, la reforma migratoria impulsada por el DNU 366/2025 también puede leerse como una estrategia de desplazamiento del conflicto social. Frente a una crisis
económica profunda (marcada por la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, la recesión y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población) el
gobierno opta por construir un enemigo interno funcional: las personas migrantes.
La historia demuestra que, en escenarios de ajuste y crisis, los migrantes suelen convertirse
en chivos expiatorios de problemas estructurales que no generaron. Se los responsabiliza
discursivamente por la falta de trabajo, la saturación de los servicios públicos o el gasto
estatal, aun cuando los datos oficiales desmienten esas afirmaciones. Esta operación política no busca resolver los problemas de fondo, sino correr el eje del debate público, canalizar el
malestar social y legitimar políticas regresivas que, de otro modo, encontrarían mayor
resistencia.
El señalamiento de la población migrante cumple así una doble función: por un lado, deshumaniza y estigmatiza a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad; por otro, desresponsabiliza al Estado de su obligación de diseñar políticas económicas y sociales que
enfrenten las verdaderas causas de la crisis. La migración se convierte entonces en una
excusa, un relato útil para justificar el recorte de derechos y el avance de un Estado punitivo,
mientras se elude el debate sobre el modelo económico, la distribución de la riqueza y el rol
del Estado en la garantía de derechos.
A 22 años de la Ley de Migraciones, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿vamos a
abordar la migración como un derecho o como una amenaza?
La experiencia argentina demuestra que las políticas inclusivas fortalecen la cohesión social, la democracia y el desarrollo. Defender los derechos de las personas migrantes no es una consigna abstracta ni un gesto simbólico: es una condición básica para sostener un Estado de Derecho pleno.
Porque, como se afirmó hace más de dos décadas y hoy vuelve a ser urgente recordar: la migración es un derecho, no un delito
