La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no puede ser comprendida como un hecho aislado o desconectado del patrón geopolítico que define nuestra época. Lo ocurrido en Caracas a principios de enero de 2026 con ataques, explosiones, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos, constituye un hito en la política exterior estadounidense y en la dinámica de poder global que trasciende la coyuntura venezolana.
Desde hace meses, la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump impulsó un aumento de su presencia militar en la región del Caribe con el argumento de “combatir el narcotráfico y proteger la seguridad hemisférica”. Pero la intervención terminó por revelar otros intereses estratégicos: tomar el control de la principal reserva de petróleo de América del Sur, influir directamente en la conducción política del país y reconfigurar la geopolítica a favor de los intereses estadounidenses.
Trump mismo anunció que Estados Unidos “estará muy involucrado” en la industria petrolera venezolana y que supervisará la producción y exportación de crudo, y no lo hará por altruismo, sino para garantizar su dominio económico y estratégico en una región históricamente disputada.
Esto no es un hecho aislado, sino un mensaje geopolítico global: potencias hegemónicas actúan con impunidad, enturbian o pasan por encima del derecho internacional, y subordinan la soberanía de los pueblos a sus intereses económicos y estratégicos. La lógica que hoy se despliega en Venezuela es la misma que observamos en otros escenarios de alto impacto mundial como Taiwán, Groenlandia y Palestina. En todos estos casos, la narrativa de “orden” y “seguridad” encubre una lógica de poder que deja tras de sí despojo de recursos, sufrimiento humano y colapso social.
Mientras hablan de “restaurar la democracia”, asistimos al colapso del derecho internacional. Estados Unidos y otras potencias redefinen fronteras de facto y zonas de control por decisión unilateral, debilitando los mecanismos multilaterales que debieran garantizar la soberanía de cada pueblo. Esto pone en evidencia una verdad incómoda: solo cuando la comunidad global discuta y replantee las reglas que organizan las relaciones entre Estados podremos aspirar a un orden internacional más equitativo y menos arbitrario.
La intervención en Venezuela funciona como un espejo del mundo que se está configurando. No se trata solo de un conflicto puntual ni de un país “en crisis”, sino de una disputa más profunda sobre qué reglas van a organizar el sistema internacional en las próximas décadas. Estamos asistiendo al agotamiento del orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial, un orden que se apoyaba al menos en principios formales como la soberanía, el multilateralismo y el derecho internacional. Hoy, esos principios son reemplazados por una lógica cruda: el poder manda y los recursos definen las decisiones.
En este escenario, las potencias ya no se sienten obligadas a construir legitimidad. Avanzan de manera directa, sin eufemismos, sin mediaciones institucionales y sin disimular intereses. Cuando un presidente de Estados Unidos afirma abiertamente que el objetivo es el petróleo, los minerales estratégicos o el control geopolítico, no solo habla de Venezuela: expone una nueva normalidad, donde la fuerza reemplaza al consenso y la imposición sustituye a la negociación. La legalidad internacional deja de ser un límite y pasa a ser un recurso selectivo, utilizado solo cuando conviene.
Este patrón se repite en distintos territorios del mundo. Cambian los discursos de “seguridad, democracia, estabilidad, lucha contra el terrorismo” pero la lógica es la misma: territorios convertidos en tableros, pueblos reducidos a variables secundarias y recursos naturales tratados como botín estratégico. En un contexto de crisis climática, transición energética y disputa tecnológica, el control de esos recursos se vuelve central, y los países periféricos vuelven a ocupar el lugar histórico de proveedores subordinados.
El problema de fondo no es solo la vulneración de la soberanía venezolana, sino la naturalización de un orden internacional basado en la prepotencia. Un orden donde las reglas no se discuten colectivamente, sino que se imponen desde arriba; donde la democracia se invoca selectivamente; donde el desarrollo prometido se traduce en saqueo y dependencia; y donde el costo humano y ambiental queda siempre del lado de los mismos pueblos.
Frente a este escenario, la pregunta no es únicamente qué pasa en Venezuela, sino qué mundo estamos dispuestos a aceptar. Si no se discuten estas prácticas, si no se fortalecen alternativas de cooperación regional, multilateralismo real y autodeterminación de los pueblos, el futuro será uno de conflictos permanentes, desigualdad creciente y destrucción ambiental acelerada. Venezuela, hoy, es una advertencia. No por su excepcionalidad, sino porque anticipa las reglas de un mundo que ya empezó a funcionar.
