El reciente anuncio del gobierno sobre cortes de luz programados para el verano, acompañado de aumentos tarifarios, deja una sensación de desconcierto e indignación en la población.
Guillermo Francos, Jefe de ministros, justificó esta decisión señalando la necesidad de enfrentar la crisis energética y la falta de inversión en infraestructura.
Según el ministro, los cortes se planificarán en zonas específicas para evitar apagones masivos durante los picos de demanda veraniega. Sin embargo, pagar más por un servicio que no garantiza continuidad resulta, cuanto menos, incomprensible.
El ajuste llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei, que afecta a las clases media y baja, se justifica en esta supuesta falta de inversión, pero esta narrativa choca con la realidad de ciudadanos que ya soportan tarifas exorbitantes sin mejoras visibles en el suministro eléctrico.
Este escenario desnuda una contradicción profunda: si las tarifas aumentan, ¿por qué no hay un plan eficaz que prevenga los cortes?
La crisis energética parece ser un síntoma de una gestión que prioriza el ajuste sobre la planificación y la mejora real del sistema. Las tarifas continúan subiendo, mientras los cortes programados parecen confirmar la ineficacia de las políticas energéticas actuales.
Este tipo de medidas deja en evidencia un problema estructural, donde el peso de la crisis se transfiere a los sectores más vulnerables, sin soluciones sostenibles a la vista.
Los ciudadanos no solo pagan con su dinero, sino también con un servicio que sigue fallando. Frente a esta situación, es legítimo cuestionar hasta qué punto las políticas energéticas del gobierno están diseñadas para mejorar la calidad de vida de la población o simplemente para cubrir las deficiencias de una infraestructura obsoleta y mal gestionada.
Las soluciones no pueden seguir siendo los mismos ajustes de siempre. La energía es un derecho, y el precio que se paga por ella debe estar vinculado a un servicio eficiente y continuo, no a una promesa de mejora que nunca llega.
