Por Paula López/ Lic. en Criminalística
Dice el poder mediático que mañana martes 10 de junio, la Corte Suprema ratificaría la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos. No para alarmarnos, pero sí para tener en cuenta: cada vez que los periodistas amigos del poder adelantaron algo, esto terminó sucediendo.
En un país con respeto por las garantías constitucionales, esto no debería ocurrir. Sin embargo, es lo que pasa hoy en Argentina, y es a lo que no nos queremos acostumbrar. Tampoco podemos perder nuestra capacidad de asombro: una vez más, los que se pretenden dueños de los destinos del pueblo, operan luego que Cristina anunciara su candidatura. No es difícil el cálculo, saben que es la única capaz de representar las esperanzas de los argentinos y argentinas, y la única capaz de ponerles un límite a los hambreadores y mafiosos.
LA HISTORIA
Como un cuento, esta causa se remonta al 2008, cuando Lilita Carrió -por todos conocida por su compulsión denunciante- solicita una investigación penal por posibles delitos de parte de altos funcionarios públicos junto con empresarios amigos. Pero no ha sido la única. Para ordenarnos en el tiempo, vamos a hacer una enumeración de años, denunciantes y denuncias.
1) La de Lilita fue la “causa madre”, que involucraba a Lázaro Báez por haberse convertido en empresario gracias al impulso de Néstor Kirchner y luego favorecido para la construcción vial; a Julio de Vido por su rol en el Ministerio de Planificación, habiendo designado mayor cantidad de obras y presupuesto para Santa Cruz; así como a las empresas que ganaban y aumentaban discrecional y constantemente los precios. Cristina no era parte de esta denuncia.
¿Qué hizo acá la Justicia? El Juez Ercolini sostuvo la causa madre como “Asociación ilícita” y de allí desplegó otras causas con delitos conexos. Una causa conexa fue la obra pública en Santa Cruz.
Después de 2 años de trabajo en la causa, Ercolini se declaró incompetente (no sería la justicia Federal sino la provincial la competente).
2) En el año 2013, Mariana Zuvic -integrante de la Coalición Cívica ARI y fundadora de la facción santacruceña- denunció primero en el programa “Periodismo para todos” y luego en la justicia, que las obras en esa provincia eran asignadas discrecionalmente además de resultar con sobreprecios.
¿Qué hizo esta vez la Justicia? Tanto en esta denuncia como en la anterior, terminan sobreseyendo a los imputados. No había delito.
3) Llegamos al año 2016, gobierno macrista. Iguacel fue designado Director de Vialidad Nacional. Su primera medida fue intervenir Sta. Cruz y auditar las obras del kirchnerismo, a pesar de ya haber sido investigadas dos veces por la Justicia y en contra de lo sugerido por los auditores de la gestión gubernamental.
Iguacel realizó una NUEVA DENUNCIA que recayó otra vez en el Juez Ercolini. El objeto de la investigación fueron las posibles irregularidades en las obras de Santa Cruz.
¿Qué resolvió el Fiscal? Que no había prueba para imputar a funcionarios, pero sí sugirió investigar a los contratistas (entre ellos, una empresa de la familia Macri).
4) Aunque no lo puedan creer, se presentó otra denuncia más, también en el año 2016. Acá surgen algunas cosas: primero, pensar en la cantidad de recursos económicos destinados a perseguir judicialmente a Cristina. Porque poner en marcha al aparato judicial sale caro, muy caro. Y eso, es con la nuestra. Sí, con la de los contribuyentes que, en definitiva, somos los que pagamos los sueldos de los jueces y los fiscales. Y ni hablar que cuando nosotros, los vecinos, necesitamos de la justicia, bien gracias… Pero además y no menos importante, ningún ciudadano debería ser investigado más de una vez por el mismo delito, por la misma causa.
Sin que importare esto y frente a la última resolución del Fiscal, Iguacel presenta nuevamente la misma denuncia (la “causa madre”) en el primer Juzgado.
¿Qué hace ahora el Juez Ercolini, que en ese momento se había declarado incompetente? Resuelve que el Fiscal Mahiques quede a cargo de la causa (quien tiene vínculos con el gobierno macrista), desestimando a quien ordenó la investigación de los contratistas, entre ellos la empresa de la familia Macri.
El nuevo Fiscal cita a declarar a CFK y se resuelve la inhibición de sus bienes. La imputan por las mismas causas de la causa madre (año 2008) que ya habían sido desestimadas.
Además de este papelón, el fiscal Luciani sostiene en su acusación que en Santa Cruz se invirtió más de lo racional, teniendo en cuenta su poca población y su bajo índice de siniestros viales. Por supuesto estas decisiones de gestión política NO DEBERÍAN ser juzgadas en tanto no configuran delito, pero la división de poderes te la debo. (Un dato de color pero que viene al caso: Santa Cruz recibió un 11% de la inversión pública en materia vial, y su territorio representa un 11% del país. Además, la Patagonia tiene un bajo nivel de pavimentación respecto de la geografía nacional). De todos modos, todas las obras investigadas previamente resultaron productivas.
UN TEMA DE PRESUPUESTO
Cabe destacar que otro de los gravísimos ¿errores? de la causa, tiene que ver con la gestión del presupuesto. Quiero decir, si el punto son los sobreprecios para obras viales que resultaron improductivas, investiguemos entonces la elaboración del presupuesto, que se hace según procedimientos reglados. No es arbitrario, no se levanta un día Cristina y dice “vamos a gastar x cantidad de plata”. Ni Cristina ni ningún Presidente. En este sentido, es la Oficina de Presupuesto quien está a cargo de su planificación y que, además, en el período kirchnerista reconoció NO HABER RECIBIDO DIRECTIVAS de la Presidencia. De hecho, es el Poder Legislativo quien define cómo se distribuye la inversión pública, lo que se remite por el Poder Ejecutivo -desde la Oficina de Presupuesto- al Congreso resulta no vinculante.
Para simplificar: el presupuesto es un proyecto de Ley que se dirige al Congreso de la Nación, se discute en comisiones y luego se vota. Diputadas y diputados citados como testigos (Stolbizer entre ellxs) reconocen no haber sido presionados para votar favorablemente ningún presupuesto. Para más datos, los proyectos de ley de presupuesto presentados por la oposición en el período en cuestión, incluyen las mismas obras.
Sonará rídiculo a esta altura, pero la Fiscalía no investigó formalmente ninguna cuestión ligada al Presupuesto. Todo fue aportado por la Defensa.
CRISTINA NO TIENE NADA QUE VER
Parece un subtítulo de una fanática, ¡más no! (o no tanto). La Oficina de Presupuesto, esa que elabora el proyecto de Ley, depende de Jefatura de Gabinete. No de Presidencia. Entonces, ¿cómo puede ser que se traiga a la causa a Cristina Fernández de Kirchner y no a sus Jefes de Gabinete? Con esto tampoco quiero decir que alguno de ellos debiera estar condenado, sino plantear una cuestión racional: no se ha investigado al responsable directo de la asignación presupuestaria. Es más, la Presidencia tampoco tiene ni puede tener intervención en la certificación del pago, ejecución y/o control de obras viales ya que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico.
Evidentemente, la cosa era llegar a ella, a como dé lugar. En este sentido, la Fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a través de los cuales el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas a las obras investigadas. Según documenta la defensa de CFK, durante 2015 se redujeron las partidas presupuestarias destinadas a obras viales en Sta. Cruz (Crédito inicial: $1.420.571.900, crédito final: $740.433.400).
EL PLAN “LIMPIAR TODO” (PRESENTACIÓN DEL FISCAL LUCIANI)
Según Luciani, a partir del 28/11/15 se trazó el plan “limpiar todo” entre Julio López, CFK y Báez. Cristina se habría reunido el 30/11/15 en Santa Cruz con Lázaro Báez. El Fiscal sostiene su alocución basado en una nota de “El destape” (https://www.eldestapeweb.com/nota/el-impactante-vuelo-rasante-del-tango-01-en-rio-gallegos-2015-11-30-16-58-0) que da cuenta que el 30/11/15 el avión presidencial Tango 01 llegó a la Pcia. de Santa Cruz y realizó allí un vuelo rasante, motivo por el que sale la nota periodística (en realidad y tal como documenta la defensa, ese hecho sucedió el 29/11/15, lo que fue publicado por el diario “La Nación”: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-tango-01-realizo-un-vuelo-rasante-que-sacudio-la-siesta-en-rio-gallegos-nid1850139/ ). Lo mejor de esto, es que la Presidencia de Cristina ha sido tan pero tan transparente, que es muy fácil saber dónde estuvo ella cada día. Porque cada día lo ha pasado al lado de su pueblo. Como una suerte de bitácora, la página https://www.cfkargentina.com/ e incluso cualquier motor de búsqueda de internet nos permite saber dónde estaba cada día. Así es que, cualquiera de nosotros que googlee, podrá ver que el 30/11/15 por la tarde CFK ni siquiera estuvo en Santa Cruz, sino que estuvo en un acto público en Río Negro, que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país (https://www.youtube.com/live/fAIyQVv4Qjo?si=4aTz1lsi2uEblU24 ). Por lo tanto, no se reunió con Báez para limpiar nada.
LAS PERICIAS
Todo un capítulo aparte. Por supuesto, las acusaciones necesitan pruebas -realizadas por los peritos oficiales y los peritos de parte- que las confirmen o las rectifiquen. ¿Pueden creer que la Fiscalía no solicitó peritar los precios de las obras? Sólo lo hizo la defensa, aunque habiendo solicitado pericia sobre las 51 obras se aprobaron sólo 5 (el 10%, una muestra no representativa y funcional a los intereses de la Fiscalía). Para hacerlo más fácil: acusaron sobre las obras y no investigaron las obras.
Bueno, pero sí aprobaron el análisis de esas únicas 5 obras. Para ello y como en cualquier causa, se debe designar a los peritos oficiales (es decir, los que están “del lado de la Fiscalía”), para lo que se debe ir a sorteo tomando a todos los anotados en el listado de peritos del fuero correspondiente. En este caso y mediante sorteo manual se designó a Eloy Bona como perito oficial de la causa (quien tenía un historial de redes sociales en el que abiertamente manifiestaba simpatía por el gobierno macrista), y al Ingeniero Panizza de una nómina de sólo 2 postulantes.
La aberración no termina aquí. La defensa comprobó errores groseros en el método utilizado por los peritos oficiales que deberían haber invalidado las pericias. El ABC del perito es que debe usar un método científico para sus demostraciones, es decir, un procedimiento metódico, sistemático, universal y conocido por todos. Si no, no vale. De hecho, ese es el valor del perito y lo que lo diferencia del testigo. Testigo es quien percibe un hecho a través de sus sentidos y por lo tanto lo relata a través de su subjetividad. El perito es un científico. Debiera serlo.
En definitiva, la fiscalía planteó un perjuicio al Estado por $5.321.049.272,47; sin utilizar ningún método científico para arribar a esta conclusión. Dijeron que había sobreprecios cuando en realidad hubo reducción de las partidas presupuestarias conforme se iba avanzando en las obras. Dijeron que había obras inconducentes o inexistentes, cuando las obras estaban y era manifiesta su necesidad.
Fueron por Cristina, la que dijo que si 20 veces volviera a nacer, 20 veces haría lo mismo. Una semana después, Sabag Montiel le gatilló en la cara. 10 días más tarde, Clarín dijo que la bala no salió pero el fallo sí iba a salir.
Hoy quieren volver a gatillar su condena. Se olvidan, una vez más, que en este suelo nació Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner. Se olvidan que somos nietos de las Abuelas e hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Se olvidan que somos el legado de los 30.000. Cristina, ni muerta ni presa. Cristina Diputada. Cristina el pueblo.
