La comunidad de personas con discapacidad atraviesa una situación crítica en Argentina, y Quilmes no es la excepción. Karina Castagnola, referente de Hablemos de Autismo en Quilmes y miembro del Consejo Provincial de Discapacidad, alertó sobre los impactos negativos de las recientes decisiones nacionales:
“La situación que atraviesa hoy el colectivo de personas con discapacidad en nuestro país y en nuestro municipio es crítica. No se trata de hechos aislados, sino de una cadena de medidas y omisiones que están vulnerando derechos básicos y dejando a miles de familias en la incertidumbre”, expresó Castagnola.
Congelamiento del nomenclador nacional y abandono de terapias
El nomenclador nacional, que fija los aranceles para los tratamientos de las personas con discapacidad, no ha recibido aumentos acordes a la inflación. Esta situación provoca que muchos profesionales de la salud dejen de trabajar con obras sociales, abandonen tratamientos o exijan copagos que las familias no pueden afrontar.
“Cuando una familia se queda sin cobertura, termina recurriendo al Estado, pero los sistemas públicos ya están colapsados, especialmente en áreas como autismo, donde la demanda de acompañamiento y terapias es enorme”, añadió Castagnola. Además, muchos medicamentos dejaron de ser cubiertos por las obras sociales, obligando a las familias a acudir a hospitales y/o farmacias municipales.
Transporte y acompañantes terapéuticos en crisis
El transporte especializado y los acompañantes terapéuticos son derechos fundamentales. Sin embargo, debido a la falta de actualización de tarifas frente al aumento del combustible y los salarios, los transportistas y acompañantes reducen servicios o exigen pagos adicionales. Esto impacta directamente en la educación inclusiva y la continuidad de los tratamientos, generando desigualdad y sobrecarga para las familias.
Pensiones no contributivas: derechos arrebatados
Las pensiones por invalidez, que actualmente alcanzan $270.000, buscan garantizar un piso mínimo de autonomía para las personas con discapacidad. Sin embargo, muchas se suspenden o dan de baja arbitrariamente y ahora se las vuelve incompatibles con el trabajo.
Castagnola explica: “Negar la compatibilidad entre pensión y empleo es atentar directamente contra el modelo social de la discapacidad, que busca eliminar barreras y promover igualdad de oportunidades. Lo que vemos hoy es un retroceso hacia un modelo asistencialista y excluyente.”
La falta de notificación y seguimiento genera que algunas personas con discapacidad terminen en situación de calle, sin acceso a sus derechos más básicos.
Ley de Emergencia en Discapacidad: un derecho vulnerado
A pesar que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional decidió no aplicarla hasta definir la partida presupuestaria correspondiente. Castagnola denuncia que esta decisión es inconstitucional y deja a las personas con discapacidad en abandono: “Se trata de una decisión política que desconoce la voluntad popular y deja a las personas con discapacidad en total estado de abandono”, afirmó.
Escándalo de corrupción en ANDIS: implicaciones graves
En un contexto ya crítico, la situación se agrava con el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios filtrados del exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, revelaron un esquema de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos, en el que se señala a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como beneficiaria de un porcentaje de las operaciones. La investigación judicial está en curso, con acusaciones de cohecho, defraudación y asociación ilícita que involucran a funcionarios cercanos al presidente y a la droguería Suizo Argentina, que recibió contratos por más de 55.000 millones de pesos del Estado.
Quilmes ante la emergencia
Mientras el Estado nacional se corre de sus responsabilidades, el Municipio de Quilmes redobla esfuerzos para asistir a las personas con discapacidad y sus familias. Según Castagnola, la intendenta Mayra Mendoza ha tomado medidas concretas:
Compra de medicamentos más allá de las partidas nacionales.
Asistencia alimentaria y acompañamiento en la restitución de pensiones.
Ayuda en trámites administrativos.
Estos esfuerzos reflejan un compromiso activo y sostenido de la gestión municipal, que se mantiene cercana a las familias y garantiza que los derechos de las personas con discapacidad no queden olvidados. La labor de la intendenta Mendoza se destaca como un ejemplo positivo de cómo la gestión local puede acompañar y aliviar las consecuencias del abandono nacional, demostrando que con decisión política es posible sostener la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La situación en Quilmes refleja un problema estructural que requiere acción inmediata: desde el financiamiento adecuado de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta la garantía de derechos fundamentales como educación inclusiva, transporte, acompañamiento terapéutico y pensiones. Mientras tanto, las familias y las organizaciones locales luchan para que nadie quede atrás.
