El Gobierno nacional de Javier Milei avanza con una nueva etapa del recorte de subsidios a los servicios públicos. En línea con el plan de ajuste fiscal que impulsa el presidente, en las próximas boletas de gas y electricidad los usuarios comenzarán a ver incrementos que, en el caso del gas, pueden llegar hasta un 20%, mientras que la energía eléctrica también sufrirá nuevas correcciones al alza.
La medida forma parte de la estrategia oficial para reducir el déficit y “sincerar” los precios de la energía, uno de los pilares del programa económico libertario.
Desde la Casa Rosada insisten en que los subsidios generalizados distorsionan el mercado, desalientan la inversión y terminan siendo financiados con emisión o endeudamiento.
En el caso del gas, los aumentos impactarán de manera escalonada y variarán según la región y el nivel de ingresos de los usuarios. Los hogares de ingresos medios y altos serán los más afectados, ya que el Gobierno apunta a concentrar la asistencia solo en los sectores considerados vulnerables. Para estos últimos se mantendrían esquemas de ayuda, aunque con topes de consumo más estrictos.
La electricidad, por su parte, también sufrirá ajustes como consecuencia de la reducción de subsidios al precio mayorista y de la actualización de los costos de distribución y transporte. Esto se traducirá en boletas más caras, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, donde el consumo promedio es mayor.
El nuevo aumento se suma a una seguidilla de subas registradas desde el inicio de la gstión Milei, que ya generaron un fuerte impacto en el bolsillo de los hogares y en los costos de comercios e industrias. Mientras el oficialismo defiende la medida como “inevitable” para ordenar la economía, desde la oposición y distintos sectores sociales advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo y el riesgo de un mayor freno al consumo.
Con este nuevo ajuste, el Gobierno ratifica su rumbo: menos Estado, menos subsidios y tarifas más cercanas a los valores reales. El desafío, una vez más, será cómo absorber el impacto social de una política que busca equilibrar las cuentas, pero que llega en un contexto de salarios rezagados e inflación todavía alta.
