La detención de Eva Mieri, concejala y presidenta del bloque de Unión por la Patria en Quilmes, lleva ya 12 días y continúa generando una ola de repudios y preocupación por parte de referentes políticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad quilmeña. La causa judicial, impulsada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ha sido duramente cuestionada por su desproporcionalidad, y para muchos, responde a una estrategia de persecución política contra dirigentes opositores al gobierno de Javier Milei.
Una causa desmedida y sin pruebas firmes
Mieri fue arrestada en el marco de una causa que investiga un escrache al domicilio del diputado José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio. La acusan de delitos como atentado contra el orden público, amenazas coactivas, incitación al odio político, malversación de fondos públicos y alteración de la numeración de un vehículo. No obstante, desde su defensa y sectores del derecho advierten que, incluso si se comprobara su participación, los hechos no constituyen delitos federales sino, en todo caso, una contravención menor.
La prisión preventiva ha sido especialmente criticada, ya que Mieri es una funcionaria electa, sin antecedentes, con arraigo, y sin riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación. Para muchos, su detención responde más a una señal disciplinadora que a una necesidad procesal.
Fuerte respaldo político y social
Desde el bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes, la reacción fue inmediata: expresaron un fuerte respaldo a Mieri, denunciaron la arbitrariedad del accionar judicial y exigieron su liberación inmediata. El concejal Ezequiel Arauz expresó públicamente que la medida representa “una persecución inaudita” contra quienes se oponen al gobierno nacional, y señaló que se trata de un intento de debilitar políticamente a Quilmes, un distrito clave para el peronismo.
El apoyo también llegó desde el gobierno local. La intendenta Mayra Mendoza advirtió que “estamos viviendo una dictadura en democracia” y sostuvo que se trata de “una maniobra política con intencionalidad clara contra la militancia”.
A nivel provincial, ministros y dirigentes del peronismo bonaerense también se pronunciaron. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, consideró el hecho “ilegal y peligrosamente autoritario”.
La vara judicial y el contraste con el caso Espert
En paralelo, crecen las críticas por el accionar selectivo de la justicia. Mientras Mieri permanece privada de su libertad por un escrache, la causa que involucra al diputado José Luis Espert con el empresario Federico “Fred” Machado —acusado por EE.UU. de lavar dinero para el cartel de Sinaloa— avanza con extrema lentitud. Machado, hoy con pedido formal de extradición, habría financiado parte de la campaña presidencial de Espert en 2019, con aportes logísticos y recursos materiales.
El contraste es notorio: una funcionaria detenida preventivamente sin pruebas firmes, y un diputado con vínculos bajo investigación por delitos gravísimos que sigue en funciones sin consecuencias.
¿Estamos ante un nuevo intento de disciplinamiento político?
Referentes del peronismo local y provincial comenzaron a plantear una hipótesis que merece ser debatida públicamente: ¿es la detención de Eva Mieri parte de un intento de disciplinar y perseguir a la oposición en la Tercera Sección Electoral? ¿Puede el poder judicial ser utilizado para condicionar la participación política y desarticular liderazgos locales?
Mientras tanto, Mieri sigue detenida. Y en Quilmes, donde fue elegida por la voluntad popular, crece el rechazo y la indignación ante una medida que pone en jaque la institucionalidad democrática.
